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El triunvirato de Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Celestino Negrete

 

Por Magdalena Mas
Investigadora del INEHRM

…la lucha para dar vida, forma y ser al país,
entró en una nueva fase,
pero siempre rodeada por los mismos males,
peligros y dificultades con que hasta allí había tropezado
Enrique Olavarría y Ferrari y Juan de Dios Arias

 

El primer y desafortunado Imperio Mexicano duró apenas ocho meses desde la coronación de Agustín de Iturbide hasta su abdicación en febrero de 1823, provocada por los sucesivos levantamientos. Un nuevo congreso y un gobierno republicano eran las reivindicaciones de los Planes de Veracruz y Casa Mata; también una mayor autonomía de sus provincias habituadas, tras una guerra de 11 años, a regirse de manera casi autónoma. Se habían formado liderazgos, intereses, ligas y poderes de facto que no querían subordinarse al poder central.

Si el levantamiento producido a partir del Plan de Iguala tomó siete meses para triunfar, el iniciado por Santa Anna y secundado por Echávarri (a quien Iturbide envió, como había él sido enviado para acabar con Vicente Guerrero) le tomó apenas dos. El Plan de Casa Mata contó igualmente con la adhesión de Pedro Celestino Negrete, enviado también por el emperador a negociar con los rebeldes. El ejército todavía imperial (y hasta hacía poco realista), se unió en masa al pronunciamiento.

El congreso restituido por Iturbide antes de su abdicación nombró un Supremo Poder Ejecutivo bajo la forma de un triunvirato, en el que debían turnarse Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Para sustituir a Bravo y Victoria, que no se hallaban en la capital, fueron elegidos Mariano Michelena y Miguel Domínguez.

El 8 de abril se declararon nulos el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, aunque se determinó que, por voluntad de la Nación, seguiríanse respetando las tres Garantías. Nicolás Bravo escoltó a su antiguo enemigo, el emperador a Veracruz, y por fin a la desembocadura del río de La Antigua, de donde partió al destierro en Italia. Bravo regresó después a la Ciudad de México, a tomar su puesto en el Triunvirato.

En tanto, comenzó el Supremo Poder Ejecutivo a ejercer como tal, procediéndose a nombrar ministros: Lucas Alamán en Relaciones Exteriores; Francisco Arrillaga, en Hacienda; Pedro de la Llave, en Justicia y Negocios Eclesiásticos, y José Ignacio García Illueca en la cartera de Guerra (murió al poco tiempo y ocupó su lugar José Joaquín Herrera). El Ejecutivo procedió a suprimir las capitanías generales establecidas por el emperador, sustituyéndolas por comandancias militares. Se liberó a los presos políticos y fueron declaradas nulas diversas disposiciones y órganos creados durante el breve reinado de Agustín I.

La corona imperial desapareció de la bandera y se comenzaron a emitir disposiciones hacendarias. De esos días datan prácticamente los primeros empréstitos contratados por la nación con casa extranjeras, principalmente inglesas, pues la situación económica no permitía hacer frente a ningún levantamiento, sostener un gobierno funcionando y menos pensar en levantar e impulsar la producción y la recuperación económicas. La administración, sin embargo, procuró allegarse fondos mediante la enajenación y venta de bienes de algunas órdenes y organizaciones religiosas, así como de la abundante producción del antiguo estanco del tabaco.

Cabe señalar diversos empréstitos contratados con casas inglesas, como Staples, Barclay o la Compañía de Londres, fueron concedidos en términos leoninos. Parte de esos fondos estaba constituida por armamento que, aunque comprado a precios exorbitantes, sirvió para contar con elementos que permitieran expulsar a la última guarnición española de San Juan de Ulúa dos años después. Adicionalmente, se pensó que esta medida aceleraría el reconocimiento de Inglaterra. Por último, el Triunvirato debió reconocer deudas contraídas durante la guerra y adquirir nuevos compromisos, medidas todas estas que apenas alcanzaron para sufragar un gobierno naciente en un país que despertaba y se reconocía como tal en medio de fracciones y diferencias profundas.

Se declararon estados libres y soberanos Oaxaca, Yucatán, Jalisco y Zacatecas, si bien el único territorio que se separó permanentemente fue el de Centroamérica en julio de 1823 (inicialmente con Chiapas, que en 1824 votó por pertenecer de nuevo a México). Los nuevos estados libres procedieron a convocar sus propios congresos provinciales y redactar constituciones locales. Formaron milicias para defenderse, e incluso algunos de ellos intentaron aliarse o federarse con otros.

Las rivalidades entre el centro y los estados se volvieron cada vez más virulentas. En este entorno, las diputaciones provinciales y el ejército exigieron un nuevo congreso, con objeto de elegir la forma de gobierno que más conviniera al país. El ministro de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán, empeñado en una política centralizadora que diera estabilidad y gobernabilidad al país, lanzó tropas en contra de algunos de ellos, como Jalisco, donde la diputación provincial emitió en mayo un documento en el que desconocía los poderes centrales.

Su jefe político y anterior aliado de Iturbide, Luis Quintanar, convocó a los ayuntamientos a firmar actas en apoyo al federalismo. La condición impuesta al gobierno fue la de organizarse como una federación. Sin embargo, en un ambiente de caos y desinformación, había quienes lanzaban vivas al emperador y otros a la república. El asunto era que a nadie satisfacía el congreso producto del Plan de Iguala (situación lógica, cuando el mismo congreso había desconocido el Plan, los Tratados de Córdoba y al monarca que había nombrado a sus miembros).

Así, continuaba habiendo partidarios de Iturbide e incluso “borbonistas”, mientras que los republicanos se debatían también entre una organización centralista o federal. En general, la idea era que el bien común no podía desprenderse de leyes o disposiciones que afectaran o perjudicaran los intereses de los estados. Pero esta idea no resultaba sencilla de poner en práctica. A las intendencias heredadas de los Borbones, se superponían con frecuencia órganos de carácter regional o nacional que, como los Tribunales o Consulados, decidían sobre aspectos determinados (económicos, comerciales, judiciales, militares o eclesiásticos). Zacatecas así lo planteó y, además de rebelarse contra el Tribunal de Minería, lo hizo también contra el poder de Jalisco, estado que lo regía en justicia y comercio.

Ante el peligro de que México se desmembrara en pequeños estados independientes (como había ocurrió con Centroamérica, que se convirtió en las Provincias Unidas de Centro América en julio), se convocó un nuevo congreso constituyente bajo el sistema de elección indirecta, a razón de un diputado por cada fracción territorial mayor de 40 000 habitantes, formado por una mayoría federalista, pero también partidaria de mantener la unión de México. La conveniencia de la unión consistía también en presentar una posible defensa ante el riesgo de que la guarnición española de San Juan de Ulúa fuera auxiliada por la Santa Alianza para intentar la reconquista de México.

Bravo y Negrete fueron encomendados para reducir a las tropas de Jalisco, que no aceptaron la convocatoria al Congreso como argumento válido para deponer las armas. Gómez Pedraza fue enviado para contener a las de Puebla, también en rebeldía. Allí, intentó convencer a los generales para que se sometieran al gobierno central, con la promesa de convocar un nuevo congreso. Pero su afán negociador, se topó con la resistencia de Lucas Alamán, que se negó a aceptar la condición de crear una federación a cambio de que los estados en rebeldía aceptaran contribuir al mantenimiento del gobierno central. Tanto el Congreso como el Ejecutivo deseaban impedir la creación de nuevos estados con tendencias casi autonómicas. Negrete y Bravo tuvieron éxito en Jalisco pero Victoria permanecía en Veracruz alerta ante la amenaza de Santa Anna, por lo que fue necesario nombrar otro suplente para el Triunvirato, cargo que recayó en Vicente Guerrero.

De esta forma, el Supremo Poder Ejecutivo logró sortear varias amenazas bajo la férrea mano de Lucas Alamán. Pero la situación nacional era compleja: además de las exigencias de los estados, había que lograr el reconocimiento de la nación independiente por parte de otros países, la hacienda estaba vacía y exhausta, hubo conspiraciones pro Iturbide y amenazas en contra de la población española. El Congreso, habiendo sido ya convocado el Constituyente, limitó sus funciones a las imprescindibles para el sostenimiento de la hacienda, el ejército y la procuración de justicia.

Elaboró y dio a conocer, además, un proyecto de bases de república federativa, del cual tomó muchos elementos la Constitución de 1824. En esas bases se reconocía que el gobierno de México sería una república federal popular representativa, compuesta por estados libres y soberanos en todo cuanto tocase a su administración interna.

Por otra parte, la presencia de Victoria y Guerrero influyó para que retomasen importancia los hombres y la memoria de la primera insurgencia, tan injustamente olvidada e ignorada por Iturbide. Data precisamente de julio de 1823 un decreto que reconocía los servicios prestados a la patria, honrando con el título de beneméritos en grado heroico a Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo, Morelos, Matamoros, los Bravo, Galeana, Jiménez y Mina, entre otros. El 16 de septiembre de ese año, sus restos fueron trasladados con honores a la Catedral Metropolitana. También se concedieron pensiones a sobrevivientes o deudos de quienes habían participado en la insurgencia.

Un grave acontecimiento tuvo lugar cuando un par de comisionados del gobierno español que habían llegado a Veracruz con objeto de conferenciar con Guadalupe Victoria acerca de cuestiones comerciales en realidad instaron a la guarnición española que había quedado en San Juan de Ulúa para romper el fuego sobre el puerto de Veracruz.

Entre todas estas vicisitudes, se celebraron las elecciones al Constituyente. Éste contó con una representación proporcional a los pobladores por estado, y desde luego con una mayoría partidaria del federalismo. Lo presidió Miguel Alcocer. Reunido en noviembre de 1823, formuló y aprobó el 31 de enero de 1824 un Acta Constitutiva de la Federación. Bajo la influencia de los ex diputados de 1812 como Ramos Arizpe, se debatieron y utilizaron modelos como el de Cádiz y el de Estados Unidos. De las 12 intendencias borbónicas se pasó a contar con 17 estados y dos territorios.

De esta etapa data también la proscripción que el congreso hizo de Iturbide declarando que si volvía al territorio nacional sería merecedor de la pena de muerte, pues había ofrecido nuevamente sus servicios al congreso para acabar con la amenaza española, y sus partidarios conspiraban arduamente. De este agitado y confuso periodo hay que destacar por último la Constitución federal de 1824, jurada en octubre.

Por la nueva Carta Magna quedó constituida la república federal y representativa, compuesta por 19 estados, cuatro territorios y un Distrito Federal. Del espíritu original del Plan de Iguala, se conservaba la religión católica con exclusión de cualquier otra. Pero el cambio fundamental fue la adopción del gobierno republicano iniciado con Victoria como presidente, forma de gobierno que -salvo la desventurada aventura de Maximiliano de Habsburgo- sería ya definitiva para el México independiente.

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Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México | Secretaría de Educación Pública • 2013




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