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Veracruz, la etapa crucial de la Guerra de Reforma

 

Por Roberto Espinosa de los Monteros Hernández
INEHRM

 

Después de haberse obtenido la independencia, un largo proceso de enfrentamiento político se desató en México. Dos grupos antagónicos se disputaron la hegemonía política a lo largo de las siguientes décadas, y si bien ambos buscaban el bienestar de la nación, la discrepancia radicó en los medios por conseguir establecer cada parte su propio modelo.

Las opciones se fueron definiendo: monarquía versus república; federalismo o centralismo. Con el paso del tiempo, estos grupos se reunieron en dos partidos opuestos e irreconciliables: liberales y conservadores. Los primeros se identificaron con las ideas republicanas y federales, los segundos se afanaron en rescatar la tradición monárquica y las instituciones del pasado virreinal.

El enfrentamiento entre el partido liberal y el partido conservador llegó a un momento de crisis luego de la emisión de las primeras leyes reformistas: Juárez, Lerdo e Iglesias, y la promulgación de la Constitución de 1857. El carácter liberal de estas leyes y de la misma Constitución provocó un rechazo absoluto por parte del partido conservador, que recurrió a todos los medios con el fin de combatir las medidas del bando liberal.

De esta manera, en diciembre de 1857 los conservadores, encabezados por el general Félix María Zuloaga, lograron convencer al presidente Ignacio Comonfort de la inviabilidad de la Constitución y de la necesidad de su derogación. Convencido del supuesto mal que encarnaba la referida Carta Magna, Comonfort decidió desconocerla. Arrepentido después de ello, en enero de 1858 liberó a Benito Juárez, preso por los golpistas, y se opuso a los conservadores; ante su fracaso, optó por autoexiliarse. Una nueva y crucial etapa comenzó. Los conservadores contaron con el apoyo del ejército y la Iglesia; por su parte, los liberales contaban con el respaldo de la legitimidad constitucional.

Ante la renuncia de Comonfort a la Presidencia, por mandato constitucional quien debía asumir la primera magistratura del país era el ciudadano que fungiera como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue así como Benito Juárez encabezó las riendas de la nación y del proyecto liberal. Perseguido por el enemigo, Juárez tuvo que trasladar su gobierno por diversas plazas. Así, de Guanajuato pasó a Guadalajara, en donde estuvo a punto de ser fusilado. No teniendo seguridad en esa ciudad, Juárez se trasladó al puerto de Manzanillo para embarcarse y trasladarse al puerto de Veracruz. El gobernador de este estado, el general Ignacio de la Llave, le ofreció al presidente el abrigo en aquella ciudad.

En este puerto, Juárez vivió momentos determinantes para su lucha contra la usurpación conservadora encabezada por Zuloaga y el prestigiado general Miguel Miramón. El gobierno juarista resistió en el puerto de Veracruz los embates militares de Miramón, quien puso sitio al puerto en marzo de 1860. El sitio terrestre de los conservadores requería para su éxito final de un sitio naval. La implementación del mismo se encargó al general Tomás Marín, quien para ello compró en La Habana dos buques de guerra, el Marqués de la Habana y el General Miramón, buques que fueron armados y tripulados en la isla caribeña.

Enterado Juárez de dicho movimiento, fue auxiliado por barcos de guerra norteamericanos fondeados en Antón Lizardo, los cuales interceptaron a los buques de Marín y, acusados de piratería, los desviaron al puerto de Nueva Orleans. Sin apoyo desde el mar, el sitio de Veracruz perdió su viabilidad, por lo que las acciones de guerra se trasladaron a otros sitios del país.

Empero, en el campo ideológico, las batallas libradas por el gobierno juarista fueron las más importantes y las más trascendentes. Los objetivos del gobierno liberal eran claros: por una parte, llegar a la consecución de los proyectos liberales de secularización y modernización del país, y por otro, debilitar las instituciones que apoyaban al enemigo conservador.

Para conseguirlo, Juárez contó con el apoyo de los miembros de su gabinete y muy especialmente el del ministro de Justicia, Manuel Ruiz, por lo que se emitió una serie de decretos conducentes a la realización de las miras de su partido. El más importante fue el Manifiesto de julio de 1859. Mediante este importante documento, emitido en el puerto de Veracruz, el gobierno liberal dio a conocer a la nación sus principales proyectos con respecto al futuro de México.

En la parte inicial del manifiesto, se hace un recuento de la difícil situación enfrentada por el gobierno constitucional, provocada por el movimiento de los conservadores y Zuloaga, al cual califica de motín; explica que, a pesar de la resistencia popular en contra de dicho levantamiento y el carácter legal y legítimo del gobierno liberal, el levantamiento conservador no podía ser contenido por el apoyo que recibía de instituciones como la Iglesia y el ejército.

Añade el Manifiesto que la situación del país era apremiante y que era necesario, por lo tanto, tomar medidas urgentes y drásticas para evitar que la facción conservadora y sus aliados llevaran a México al oscurantismo de tiempos ya superados. Para evitar dicho retroceso, el gobierno liberal tomaba una serie de medidas contenidas en seis artículos.

El primero declaraba de manera contundente la independencia de los asuntos del gobierno y los eclesiásticos; se conseguía con ello la perfecta independencia de Iglesia y Estado, uno de los objetivos del liberalismo.

El segundo de los puntos se refería a la secularización de las órdenes religiosas y su supresión. Existía la idea de que las órdenes de franciscanos, dominicos, agustinos, entre otras, estaban formadas por individuos ociosos dedicados a la conspiración en contra del orden constitucional.

El tercer punto extinguía cofradías, archicofradías y hermandades; el objetivo era claro: la exaltación del individuo sobre las corporaciones. Esta medida estaba completamente ligada al tenor de la conocida como Ley Juárez, de diciembre de 1855, la cual suprimía tribunales especiales otorgando igualdad jurídica, y constituye uno de los objetivos del liberalismo decimonónico que exalta la individualidad sobre la colectividad estamentaria.

El cuarto punto extinguía los noviciados en los conventos de religiosas. Con ello se planeaba la paulatina desaparición de dichas corporaciones al privarlas de nuevas postulantes. En cuanto a los capitales de dichos conventos, decía el punto analizado que quedaría garantizado el sostenimiento del culto en los templos anexos a los conventos.

El quinto punto es de importancia crucial, pues declara que los bienes administrados por el clero regular y secular pertenecen y han pertenecido siempre a la nación, por lo que el Estado se reservaría el uso de los excedentes de dichos bienes. Es vital este punto, pues se quitaba al enemigo el patrocinio económico de la Iglesia. La concepción de los liberales es clara: procedentes del pueblo, los bienes volvían al pueblo mismo, cuya representación se encontraba en el gobierno legal de Veracruz y no en los amotinados conservadores de la capital.

El sexto y último punto refrenda la llamada Ley Iglesias, o Ley de Obvenciones Parroquiales, en el cual se manifiesta que la remuneración de los servicios religiosos sería una negociación de la esfera privada, en la cual el gobierno no tendría intervención alguna. Con esto se eliminaba la coacción a los civiles para el cumplimiento de compromisos económicos con la Iglesia, como el pago de diezmos, primicias y otro tipo de servicios.

Otra medida trascendental tomada por el gobierno juarista de Veracruz fue la creación del matrimonio civil el 23 de julio. La ley en cuestión anotaba que, en virtud de la independencia de los negocios civiles y eclesiásticos, cesaba la “delegación” hecha por el soberano a la Iglesia en esa materia, y la consecuente elevación de dicho matrimonio a un contrato de carácter civil con un reconocimiento jurídico, por el cual los contrayentes del mismo adquirían responsabilidades y derechos cuyo cumplimiento garantizaba el Estado.

El 6 de agosto de ese mismo año, y en consecuencia al decreto anterior, se emitió la Ley del Registro Civil, la cual creaba esta instancia con el fin de que el estado asumiera el control sobre la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones. Esta medida fue un refrendo a la declarada independencia de los negocios eclesiásticos y gubernativos, y la recuperación de una básica función para el estado eliminando el monopolio que en tal materia había venido cumpliendo la institución religiosa.

Una medida más en este sentido fue la Ley de Secularización de Cementerios del 31 de julio de 1859, mediante la cual cesaba el control ejercido por la Iglesia católica en cementerios, camposantos, panteones y criptas mortuorias. Terminaba con ello otro monopolio de la Iglesia y dejaba de ser asunto concomitante a la religión el destino final de los restos de quienes fallecían. Por esta ley, también se prohibió la inhumación de restos humanos en el interior de los templos por considerarse contraria a la higiene y la salud, y cesaron también los cementerios en los atrios de los templos. Por último, la referida ley apuntaba que era necesario dar aviso al gobierno del óbito de las personas, pues la omisión de esto último sería considerada como una sospecha de asesinato.

Durante los últimos días de estancia de Juárez en Veracruz, se dio una ley muy esperada por los liberales, discutida por los moderados y totalmente opuesta a las miras de los conservadores: la Ley de Libertad de Cultos del 4 de diciembre de 1860. La tolerancia y la libertad de cultos había sido discutida en los diversos constituyentes desde la Independencia. En todas las Constituciones, a excepción de la de 1857, se había declarado como única a la religión católica apostólica y romana. En la última constitución, dicho asunto había quedado omitido, sin que se diera, empero, la deseada libertad de cultos. El principal argumento para evadir la libertad de cultos era que se consideraba a la religión católica como un elemento de cohesión nacional. Sin embargo, en esta guerra de tres años, la Iglesia militante en el bando conservador se había convertido no en aquel factor unificador sino en ayuda a los elementos contrarios al proyecto liberal.

Durante la estancia de Juárez en Veracruz, ocurrieron dos asuntos diplomáticos. El primero fue el relativo a la retirada de la legación de México en Roma y el cese de relaciones con la Santa Sede. El decreto correspondiente afirmaba que, habiéndose independizado los negocios del Estado y la Iglesia, no tenía ya objeto mantener la representación mexicana ante el sumo pontífice. El segundo fue la obtención del reconocimiento del gobierno de Juárez por el de los Estados Unidos. Precisamente, durante la estancia juarista en Veracruz desembarcó en dicho puerto el nuevo Ministro plenipotenciario de la Unión Americana Robert MacLane, quien tenía instrucciones de la Secretaría de Estado de su país de verificar cuál de los dos grupos en pugna representaba al verdadero gobierno mexicano. Melchor Ocampo logró la aquiescencia de MacLane, con quien firmó el tratado MacLane-Ocampo de amistad y comercio entre México, representado por el gobierno de Benito Juárez, y los Estados Unidos de América. Dicho tratado tenía empero algunos artículos que comprometían la soberanía de México al permitir el libre tránsito de tropas norteamericanas en la frontera del norte y el Istmo de Tehuantepec; no obstante, el mismo no fue ratificado por el Congreso norteamericano.

El enfrentamiento entre dos proyectos de nación agudizado en los fines de la década de los cincuenta del siglo XIX llevó a México a tener dos gobiernos, el gobierno legítimo constitucional de Juárez, con asiento en Veracruz, y el gobierno faccioso de Miramón en la Ciudad de México, que tenía a su servicio al ejército profesional y el apoyo económico de la Iglesia. El liberal estaba amparado por la legalidad que le confería su apego a la Constitución de 1857 y contaba con la tenacidad del presidente Juárez, quien nunca contemporizó con los enemigos del código supremo.

La guerra transitó del campo de batalla al de la Ley. Con las leyes emitidas en Veracruz por los liberales, se resarcieron las omisiones de la Constitución: el Manifiesto de julio de 1859, que junto con las leyes de Secularización de Cementerios, Registro Civil y Libertad de Cultos, dio culminación al proceso de secularización de la sociedad mexicana. Las medidas de tipo diplomático coadyuvaron a la consecución de ese proyecto de nación. Empero no se debe perder de vista que éste fue sólo un episodio en el devenir de las luchas entre los grupos antagonistas. Vendrían después los difíciles procesos de la Intervención francesa y Segundo Imperio, en los cuales los conservadores buscarían una revancha de la cual salieron del mismo modo, derrotados.

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Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México | Secretaría de Educación Pública • 2013




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